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La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) durante el anuncio de la tarifa de energía que regirá a partir de julio de 2018 realizado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), realizó una explicación del ajuste relacionado a los servicios por transmisión.
“De acuerdo a la legislación panameña, los proyectos de inversión energética de distribución y transmisión aprobados en el plan de expansión, son cubiertos a través de la tarifa que pagan los consumidores”, manifestó Gilberto Ferrari, gerente general de ETESA. “La tercera línea de transmisión eléctrica fue entregada para operación comercial en octubre de 2017, cinco años más tarde de lo que estaba supuesta a iniciar”, agregó. El gerente de la empresa detalló que el alza de la tarifa ocasionada por el servicio de transmisión está relacionada a tres componentes:
- el pago al contratista por construcción y financiamiento de la tercera línea de transmisión eléctrica (B/.285 millones),
- los pagos a propietarios de terrenos por derecho de vía y servidumbre para la tercera línea de transmisión eléctrica (B/.60 millones).
- parte del costo del atraso de la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica por generación obligada y desplazada (B/.80 millones de los B/.130 millones registrados a diciembre de 2017).
Estos costos son trasladados en el pliego tarifario, que mantiene vigencia hasta el 2021. A partir del 2022, se regresarán B/.40 millones (más intereses) a la tarifa mensualmente durante 15 años.
“La generación desplazada y obligada se tiene que pagar porque hay un compromiso contractual con las empresas generadoras para transmitir hacia las distribuidoras”, aclaró el gerente de ETESA.
“Si no hay capacidad en la línea para transmitir toda la energía desde el occidente, la porción que no se transmite, que es lo que se denomina energía desplazada, se pierde e igual se tiene que pagar. Como la porción que se desplaza, el sistema la necesita para satisfacer la demanda, se suplanta con energía generada por otras plantas ubicadas más cerca de los centros de carga, que en su mayoría son térmicas, que es lo que se denomina generación obligada y también se tiene que pagar”, explicó Ferrari. “Necesitamos blindar la empresa para que esto no se repita. En octubre de 2017 presentamos el proyecto de ley 573 para que no vuelva a haber intromisión externa en decisiones técnicas ni de ninguna otra índole, de la empresa que le cuesten más al país y a todos los consumidores”, enfatizó el gerente general de la empresa. “El proyecto de Ley 573 está desde entonces en primer debate y ha sido viciado por comentarios mal intencionado de distintas partes opositoras”, puntualizó Ferrari.
